Tipos de Delitos Societarios y su clasificación

dos ejecutivos firman una operación empresarial en relación con un delito societario

Los delitos societarios se pueden dividir en dos grandes grupos:

A) Aquellos que afectan al propio funcionamiento de la sociedad, donde lo más importante es el perjuicio que se ha causado. Estos delitos son: las falsedades llevadas a cabo en los documentos de la sociedad, la imposición de acuerdos abusivos a los socios minoritarios, y el aprovechamiento de un acuerdo lesivo que se adoptó por una mayoría ficticia.

¿Qué sucede con el delito de Administración Desleal?

La administración desleal es uno de los delitos con mayor despliegue en el seno de las empresas, sin embargo desde julio de 2015, con la Reforma del Código Penal, ya no forma parte de los delitos societarios, sino que se integra en los delitos contra el patrimonio.

B) Aquellos contrarios a la información debida, ya sea a los socios o a los inspectores. Estos delitos son: la obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios y la obstaculización de una inspección o supervisión administrativa.

Empecemos por explicar el primer grupo, formado por los delitos que afectan al propio funcionamiento de la sociedad:

A) CONDUCTAS QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EN LAS QUE EL PERJUICIO ES UN ELEMENTO ESENCIAL

1. FALSEDADES EN DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD

Se refiere concretamente, a la manipulación o simulación realizada por los administradores (de hecho o de derecho), de aquellos documentos que deben reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, como las cuentas anuales.

Existe un requisito adicional e imprescindible: el falseamiento ha de ser idóneo para causar un perjuicio, ya sea a la sociedad, a los socios, o a un tercero. Es decir, la conducta descrita es punible aunque tal perjuicio no se haya efectivamente producido, siempre y cuando el falseamiento fuera idóneo para hipotéticamente, haberlo producido. En el caso de que se llegue a causar tal perjuicio, la consecuencia jurídica es una pena mayor.

Falsear, en este contexto penal, significa manipular o simular, englobando las anotaciones ficticias así como la omisión de datos. Por ello, se trata de un delito que requiere su comisión dolosa: se exige el conocimiento tanto de la falsedad, como de la idoneidad de esta para producir un perjuicio económico.

 

2. IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS

La tipificación de este delito está destinada a proteger a los socios minoritarios de una empresa, frente a los socios mayoritarios que pretendan abusar de su situación privilegiada.

Se castiga a quienes, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administración, impongan acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la sociedad.

Es decir, que es la utilización de la situación mayoritaria lo que permite imponer ese acuerdo abusivo, el cual tiene una apariencia de validez, porque formalmente respeta la normativa societaria. Sin embargo, ese acuerdo está caracterizado por un ánimo de lucro (propio o ajeno), y un perjuicio para los intereses de los demás socios. Además, no es necesario que se cause un perjuicio a la sociedad, sino que basta con que el acuerdo no conlleve ningún beneficio.

Por ejemplo, si se adopta un acuerdo por la mayoría, que perjudica a los socios minoritarios, pero que sin embargo conlleva un beneficio para la sociedad, entonces no se ha cometido delito alguno.

El carácter abusivo del acuerdo está vinculado a un elemento subjetivo: el ánimo de lucro, que conlleva un perjuicio potencial o real para los demás socios, sin aportar nada a la sociedad.

 

3. IMPOSICIÓN O APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS LESIVOS ADOPTADOS POR MAYORÍA FICTICIA

Este delito hace referencia a acuerdos sociales que han sido adoptados de forma irregular, porque era una mayoría ficticia. La mayoría es ficticia cuando:

Se obtuvo por abuso de firma en blanco;
Se obtuvo por una atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carecían del mismo y por ello no podían votar;
Por negación ilícita del ejercicio del derecho de voto a quienes lo tenían reconocido por ley;
O cualquier otro medio o procedimiento semejante.

En definitiva, se trata de una mayoría que no es real porque ha sido obtenida mediante un fraude.

La adopción de un acuerdo de estas maneras supone la comisión del delito, pero también lo es el aprovecharse de ese acuerdo, causando un perjuicio a la sociedad o a sus socios.

 

B) CONDUCTAS CONTRARIAS A LA INFORMACIÓN DEBIDA A LOS SOCIOS, PARTICIPACIÓN SOCIAL O ACTUACIÓN INSPECTORA

1. OBSTACULIZACIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES

El socio de una empresa, por el mero hecho de serlo, tiene ciertos derechos que la Ley le otorga, por ejemplo el derecho de información, de participación en la gestión o control de la actividad social, o la suscripción preferente de acciones que vendan otros socios. Si un administrador le niega o le impide que ejercite sus derechos, sin causa legal alguna que se lo permita, está cometiendo este delito.

Este delito sanciona la conducta de negar o impedir, sin justificación legal alguna, que un socio pueda ejercitar sus derechos. Estos derechos pueden ser:

a) De naturaleza económico-patrimonial:

Derecho a participar en los beneficios de la sociedad
Derecho a participar en la cuota de liquidación
Derecho de suscripción preferente de acciones o adquisición preferente de participaciones

b) De naturaleza política:

Derecho de información
Derecho de participación en la gestión o control de la actividad social, como por ejemplo la asistencia a juntas
Derecho de voto

No es necesario que tal obstaculización de los derechos sea reiterada, aunque la persistencia en la negativa es un fuerte indicio de la conculcación de los derechos.

Para que exista delito, es imprescindible que esos derechos sean obstaculizados sin causa legal, ya sea no alegando causa alguna o alegando una causa que legalmente no existe.

Quedan fuera del ámbito penal aquellos supuestos en que el derecho no se ejerce porque se desconoce por el socio la existencia o el alcance del mismo. Una de las causas legales que permiten impedir estos derechos de los socios, son, por ejemplo, en el caso del derecho a la información, que la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social.

Se trata de un delito doloso, por lo que para poder ser condenado por este delito, se ha de conocer que tales conductas están prohibidas, y se ha de actuar conforme a esa comprensión, persiguiendo el resultado de negar o impedir a un socio ejercer un derecho que ostenta.

Por ejemplo, se absolvió a un acusado por falta de dolo alegando la inexperiencia del acusado que no convocó la Junta general dentro del plazo legal.

 

2. NEGAR O IMPEDIR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN

Los administradores de sociedades que estén sometidas o actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa tienen la obligación de facilitar el control y supervisión de la administración. Por ello, es delito el negar o impedir la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Se exige por la jurisprudencia que esa negación sea de carácter absoluto.

Por otro lado, es importante destacar que este delito solo se puede cometer en aquellas sociedades que operan en el mercado financiero y que están sometidas a un régimen de intervención administrativa directa, ejercida por entidades supervisoras como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio de economía etc.

Además de la pena correspondiente, el juez puede determinar otras medidas accesorias:

Que se clausure la empresa, temporal (hasta cinco años) o definitivamente;
Que se disuelva la sociedad;
Que se suspendan las actividades hasta cinco años;
Que se prohíba realizar ciertas actividades, temporal (hasta cinco años) o definitivamente;
Que se intervenga la empresa hasta cinco años.

 

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